La concejal Cajal dijo que en presencia de la Jueza de Paz, le negaron el acceso a documentos públicos

Luego de la publicación de ES donde se advierte que la Comisión Acusadora habría emitido un Dictamen sin tener quorum, y que probablemente se habría incurrido en una falta grave al declarar la presencia de cuatro ediles, cuando uno de ellos nunca habría estado presente. Frente a esto, Cajal buscó constatar dicha información en el libro de Actas donde quedan registradas las firmas de los concejales presentes.

«Me presente en el día de hoy con la Juez de Paz, a los fines de constatar cantidad de firmas del Dictamen y Acta de la Comisión Acusadora reunida el día 18/01/2023 lo cual «se me negó al no permitirme el acceso a dichos instrumentos,» como en otras situaciones con documentos de carácter público solicitados«, manifestó la edil a través de un descargo que realizó en las redes sociales.

Y agregó: «Quiero informar que mí proceder es en base a pruebas de la ausencia de un Concejal, no permitiendo con ello tener quórum para llevarse adelante dicha reunión de Comisión«.

Finalmente Cajal señaló que es una clara demostración que se sigue actuando con falacias, atropello y autoritarismo, con el solo objetivo de llevar el caos social y perjudicar a quienes cuestionan su mal proceder. «Me reservo el derecho de llevar a que se investigue la adulteración y complicidad de los firmantes al avalar procesos irregulares» concluyó.

Tras la publicación de ES de este viernes, donde se advierte que el Concejo Deliberante habría caído en un grave error que envuelve a la institución, la que salió a contestar fue la presidenta Ana Silvia Sarmiento.

El descargo lo hizo de manera inusual, a modo de comentario en una publicación del sitio de Fernando Barros, donde nunca desmintió la información publicada por este medio que advirtió un posible acto de corrupción en la institución, vulnerando los principios constitucionales del quórum legislativo y seguida de falsedad documental, al estampar la firma de un concejal y de otros tres, en un Dictamen que no tendría valor legal. Cabe recordar que la falsedad documental, tiene pena de prisión y dependerá en función de si se trata de documento público o privado y se agravará si el responsable es la autoridad o un funcionario público.

Finalmente en sus descargos, Sarmiento nunca desmintió tal información. Por el contrario, atacó a este medio y habló de expulsiones y escarmientos.