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México posee una autoridad moral indiscutible en los foros multilaterales cuando se trata de la proscripción de armas de destrucción masiva. Desde la firma del emblemático Tratado de Tlatelolco, la diplomacia mexicana ha sostenido con congruencia que el orden jurídico global y el desarme irrestricto son las únicas garantías reales para la convivencia pacífica entre las naciones. Esa vocación pacifista cobra hoy una vigencia apremiante frente a una encrucijada que concierne a toda la comunidad internacional: la preservación de la Convención sobre las Armas Químicas (CAQ).
Entre el 23 y el 27 de noviembre de 2026, la Conferencia de los Estados Parte de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) celebrará en La Haya su 31.° período de sesiones. En esa cita diplomática se definirá la integración de su Consejo Ejecutivo para el bienio 2027-2029. Dentro del Grupo de Europa del Este compiten tres naciones por apenas dos puestos: Estonia, Polonia y la Federación de Rusia.
Para los Estados Miembros, incluido México, esta votación no representa un trámite de protocolo geográfico ni un reparto rutinario de escaños. Constituye una prueba de fuego decisiva: decidir si quien vulnera de forma continuada la convención puede sentarse a dirigir y fiscalizar el organismo encargado de hacerla cumplir
Lejos de cualquier controversia propagandística, la transgresión del régimen de armas químicas por parte de las fuerzas rusas está documentada con rigor científico y forense. Entre febrero de 2023 y septiembre de 2026, el Ministerio de Defensa de Ucrania registró 14,009 casos de empleo de municiones con componentes químicos peligrosos en el campo de batalla por parte de las fuerzas de la Federación de Rusia. En 6,021 ocasiones, el personal militar ucraniano requirió atención hospitalaria inmediata con cuadros de envenenamiento y asfixia de diversa consideración.
No se trata de incidentes aislados. Existe un patrón táctico premeditado: unidades de asalto rusas emplean drones para arrojar agentes irritantes y de control de disturbios (principalmente gas CS) contra búnkeres y posiciones fortificadas, con el fin de asfixiar a los soldados defensores y forzarlos al descubierto. Esta práctica vulnera de manera explícita el Artículo I, párrafo 5, de la CAQ, que veta categóricamente cualquier uso de agentes de represión como método bélico.
La veracidad de estos hechos ha sido confirmada en terreno internacional. Durante tres visitas oficiales de asistencia técnica a Ucrania, la Secretaría Técnica de la OPAQ recolectó muestras bajo estricta cadena de custodia, y dos laboratorios independientes designados por el organismo certificaron de forma indudable la presencia de gas CS. A estos hallazgos se suman peritajes de inteligencia de diversas naciones socias que identificaron también el despliegue de cloropicrina -un químico tóxico sofocante prohibido expresamente por la Convención-, además de videos difundidos por la propia cadena estatal rusa RT, en los que se exhibió con abierta jactancia a su 114.ª Brigada arrojando granadas de gas en las inmediaciones de Avdiivka, región ucraniana de Donetsk.
Para eludir las consecuencias de sus actos, Moscú ha recurrido al manual de la desinformación: intentar colocar a la víctima en el papel de victimario. En julio de 2025, la representación rusa presentó ante la Dirección General de la OPAQ una solicitud alegando el supuesto hallazgo de artefactos químicos en Illinka, en la región de Donetsk.
Es indispensable que la opinión pública mexicana y sus diplomáticos conozcan la asimetría de fondo:
Las misiones internacionales en Ucrania fueron conducidas exclusivamente por inspectores de la OPAQ que recogieron las pruebas de primera mano y certificaron su trazabilidad de origen a fin.
La versión de Moscú. Illinka se encuentra bajo ocupación militar rusa continuada; los materiales fueron recolectados, manipulados y sellados exclusivamente por tropas y servicios de inteligencia del Kremlin, sin veeduría internacional ni presencia de inspectores independientes.
Aceptar que muestras obtenidas de forma unilateral por un ejército ocupante en territorio invadido tengan el estatus de prueba sentaría un precedente funesto para el derecho internacional. Otorgaría a cualquier potencia agresora la potestad de ocupar territorio ajeno, fabricar supuestas pruebas sin supervisión y manipular el prestigio de la OPAQ para criminalizar a la nación invadida.
México ha sido históricamente un baluarte en la defensa de los tratados de desarme, el respeto a la soberanía de los Estados y la proscripción de la fuerza como método de resolución de controversias. El régimen que prohíbe las armas químicas no subsiste por inercia, se mantiene porque los Estados Parte exigen que los compromisos asumidos se cumplan con equidad y sin concesiones a la impunidad.
De cara a las elecciones de noviembre de 2026 en La Haya, Ucrania formula un respetuoso pero enérgico llamado a México y a la comunidad latinoamericana:
Rechazar la pretensión de igualar acusaciones unilaterales carentes de cadena de custodia con dictámenes científicos certificados por la Secretaría Técnica de la OPAQ.
Garantizar que ninguna resolución sobre el territorio ucraniano se adopte sin la participación directa de Ucrania como Estado soberano.
Negar el voto a quien recurre sistemáticamente a sustancias químicas prohibidas en una guerra de agresión territorial.
El Consejo Ejecutivo de la OPAQ no puede convertirse en un refugio para legitimar violaciones a la ley internacional ni en una plataforma de propaganda. Confiamos en que México, fiel a su profunda tradición pacifista y jurídica, sabrá estar del lado de la legalidad, el rigor técnico y la verdad.
*El autor es Embajador de Ucrania en los Estados Unidos Mexicanos.