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La reconstrucción tras del terremoto del 10 de agosto tiene una cuenta mucho más grande que la anunciada inicialmente por el Gobierno.
EL COLOMBIANO accedió al documento completo del Plan de Acción Específico para la Recuperación (PAE Nacional) que estima un total de $58,29 billones, lo que implica una brecha por financiar de $43,25 billones pues ya habría $15,04 billones que aparecen como "recursos inicialmente identificados" (ver gráfico abajo).
Incluso, la brecha podría ser más: $50,08 billones; los dos escenarios dependen de incluir o no los recursos propios que las gobernaciones y alcaldías proyectan aportar tras la emergencia. ¿De dónde saldrá esa plata?
Ese es el primer punto para entender la ruta de los recursos. La existencia de una fuente posible o un anuncio presidencial no significa, por ahora, que el dinero esté disponible para contratar obras.
El propio documento (ver abajo) de la UNGRD y fuentes de la entidad reconocen esa distancia; allí se plantea la necesidad de distinguir entre lo anunciado, lo comprometido y lo desembolsado.
Para ubicarse, es necesario hacer una cronología. El 17 de agosto, una semana después del terremoto, el presidente Abelardo de la Espriella informó que un primer estudio de una firma especializada estimaba que se necesitarían unos $24,5 billones de inversión en edificaciones y $5,5 billones en infraestructura en Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas.
"Imagínense ustedes la dimensión del desastre", dijo en su momento el jefe de Estado.
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Ese fue el punto de partida: $30 billones. Una referencia que se convirtió en lo estimado inicialmente para dimensionar el costo de la reconstrucción. Pero era pronto para saber en su totalidad cuánta plata era necesaria en una emergencia de esa magnitud.
Otra medición, el 28 de agosto, calculó el golpe del terremoto en $42,1 billones en daños físicos directos a estructuras (equivalentes a cerca del 2,3 % del PIB de Colombia). Así lo estimó la evaluación RÁPIDA, desarrollada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la UNGRD con apoyo de otras entidades.
Casi dos meses después, el pasado 23 de octubre, durante el congreso de Camacol, el ministro de Vivienda Jaime Andrés Beltrán presentó otra estimación: $54 billones para la reconstrucción, de los cuales aproximadamente $19 billones corresponderían a vivienda.
Es más, el funcionario explicó que en evaluaciones posteriores encontraron edificaciones que requerían demolición aunque inicialmente parecían recuperables mediante reforzamiento.
El panorama no es fácil porque los daños cada vez muestran las complicaciones que hay para definir el monto completo. Lo cierto es que ahora el PAE, a través del Fondo Milagro y la UNGRD, permite entender más detalles.
El documento desglosa 83 intervenciones sectoriales por $54,32 billones y establece una programación total de $58,29 billones necesarios, al incorporar recursos adicionales para rehabilitación, transición y programas que todavía no tienen un costo completo.
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Por eso, los $58,29 billones deben presentarse como el valor programado. No son una suma enteramente contratada ni un presupuesto cuya financiación esté garantizada. El plan organiza lo que se pretende hacer, distribuye intervenciones por fases y plazos, e identifica las fuentes que deberán gestionarse.
No obstante, ante cualquier emergencia, es la gestión el Estado la que debe aparecer antes que nada. Y en las zonas donde el movimiento telúrico arrasó, algunos esperan por la atención que tanto se ha prometido.
"Aquí estoy con el lote pelao. Medio tapamos los escombros que quedaron, porque los habitantes de calle se meten ahí para sacar hierro y salir a robar a la parte de atrás, donde hay otras casas. Le pusimos una malla de esas verdes y unas tejas de zinc, pero es lo que único que hay".
Las palabras son de Isabel Estrada, una de las damnificadas por el terremoto en Pereira. Este diario conoció su caso hace tres semanas, durante una visita a la zona.
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Vivía con su familia en una casa del barrio Belalcázar, la cual quedó averiada y tuvo que ser demolida. Por esta razón, los miembros del hogar quedaron dispersos, albergados en las viviendas de otros familiares y amigos.
Tras la demolición de su antigua casa, herencia de sus padres, la manicurista de 36 años rentó un cuarto en un barrio vecino, por $700.000 de su propio bolsillo; sin embargo, de allá tuvo que salir también a los pocos días, pues una edificación contigua falló en sus cimientos y quedó recostada, por lo que habrá una segunda demolición. Es como si una pesadilla la persiguiera.
"Mi hijo sigue viviendo con la tía, y yo ahora estoy amaneciendo donde una amiga, que me presta una pieza. Por ahora no he recibido ningún auxilio del gobierno, y eso que el presidente volvió por aquí la semana pasada. ¿Para qué tanta visitadera, si la realidad es que todo sigue igual?", se lamentó este lunes.
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La sobreviviente contó que recibió una llamada extraña por parte de un desconocido que se identificó como funcionario del Fondo Milagro. "Me ofreció un apartamento a cambio del lote de mi antigua casa, pero no me dijo donde quedaba ese supuesto apartamento. A otros damnificados de por aquí también los están llamando, uno no sabe si se trata de una estafa", relató.
En el centro de Pereira, el local comercial El Baratón estuvo cerrado dos meses y medio, por causa de la devastación.
El día del sismo, a su lado se derrumbó el hotel Dibeni, dejando siete muertos, por lo que el Cuerpo de Bomberos tuvo que destruir los muros del local para ingresar a buscar los cadáveres.
Hoy está abierto de nuevo, según la empleada Diana Arenas, pero no gracias a las ayudas prometidas por el Estado, sino por la berraquera de los trabajadores. Los empleados y los propietarios repararon los daños, limpiaron las vitrinas y sacudieron el polvo de la mercancía, para volver a vender los juguetes, peluches y artículos de fantasía.
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"Todavía no he recibido el subsidio de arriendo que nos prometieron a los damnificados. Con mi esposo y el niño estamos viviendo donde mi mamá", explica.
"Apenas este martes, tres meses después del terremoto, quedó de venir un técnico del DIGER (Dirección de Gestión del Riesgo), a revisar si podemos reconstruir la casa o si toca demoler", dijo.
La espera de Isabel y Diana muestra lo que las cifras no alcanzan a contar por sí solas. Mientras las familias buscan dónde dormir, buena parte de los recursos previstos para la reconstrucción todavía está en "veremos".
El PAE identifica inicialmente $8,22 billones en posibles fuentes de financiación.
De ese monto, unos $3,84 billones corresponden al Estado, entre Nación y territorios; $1,24 billones al sector privado y los gremios; $3,11 billones a multilaterales y otros, y $31.278 millones a organismos y cooperación.
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Ahora, el valor de este estimado no recae por completo en la Nación. El plan prevé financiar la recuperación "con aportes del Estado, el sector privado, los hogares, las aseguradoras, la cooperación y la solidaridad", tal como se estipula en su página web.
En medio de esas cuentas, hay una partida que el Gobierno sí reportó como recibida por el Fondo Milagro: $624.656 millones provenientes de un crédito del Banco Mundial. Así lo informó Presidencia en su balance del 22 de octubre.
Además, el presidente sumó $377.000 millones en apoyos económicos ejecutados por la UNGRD. Las dos partidas alcanzan aproximadamente $1 billón, cifra que ya se había anunciado con anticipación.
Para noviembre, el mandatario anunció otros $826.000 millones del Ministerio de Vivienda, destinados a mejoramientos y viviendas nuevas urbanas y rurales, y $2,7 billones por facilidades tributarias.
Por otra vía están las donaciones que recibió la fundación Colombia Luz y Sonrisas, de la primera dama, Ana Lucía Pineda.
Según su rendición de cuentas del 16 de octubre, recaudó $54.589 millones del sector privado, de los cuales el 81% provino de la familia Gilinski, con destinación a tres colegios y tres centros de salud en Cali.
Es importante destacar que esos aportes son administrados por la fundación y deben distinguirse de los recursos recibidos por el Fondo Milagro.
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Es cierto que una recuperación proyectada hasta 2030 no se resuelve en pocos meses. Pero mientras las cuentas se ajustan, los damnificados esperan. La urgencia se mantiene para muchas personas.
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