Cada vez que ocurre una muerte violenta o dudosa en el departamento Anta, el mismo problema vuelve a quedar expuesto: no hay médico forense. Y lo que debería ser una respuesta inmediata del Estado se transforma en demoras, traslados y una cadena de dificultades que afectan investigaciones, familias y a todo el sistema judicial.
Lo ocurrido recientemente en General Pizarro, donde el cuerpo de un joven debió ser trasladado hasta Orán para la realización de la autopsia, vuelve a poner el foco en una carencia tan grave como persistente. Si el hecho sucede en Joaquín V. González, la derivación suele ser hacia Metán. En todos los casos, la distancia se impone sobre la urgencia.
Anta es uno de los departamentos más extensos de la provincia y cuenta con cinco municipios. Sin embargo, carece de una figura clave para el esclarecimiento de muertes, la correcta preservación de pruebas y el respeto por los tiempos que exige la Justicia. No se trata solo de kilómetros recorridos, sino de horas perdidas en investigaciones que requieren celeridad y precisión.
La ausencia de un médico forense no solo retrasa causas judiciales. También profundiza el dolor de las familias, que deben esperar traslados y resultados, muchas veces sin información clara. A eso se suman los costos logísticos, la sobrecarga de otros distritos y el riesgo de que pruebas sensibles se deterioren con el paso del tiempo.
Resulta difícil de explicar que un departamento de la magnitud de Anta dependa de ciudades vecinas para una función tan esencial. La seguridad, la justicia y la salud pública no pueden planificarse en función de parches ni de buena voluntad circunstancial. Requieren decisiones estructurales.
La reiteración de estos episodios deja una pregunta incómoda pero necesaria: ¿cuántos hechos más deberán ocurrir para que Anta cuente con un médico forense propio? La respuesta no puede seguir postergándose. Porque cuando el Estado llega tarde, la verdad también se demora.
