En una decisión que marca un punto de inflexión en la agenda del Departamento Anta, la Cámara de Senadores de la provincia dio media sanción al proyecto que declara de utilidad pública y sujetos a expropiación dos terrenos clave para Joaquín V. González. La iniciativa, defendida con firmeza en el recinto por la senadora Alejandra Navarro, busca saldar una deuda histórica con miles de familias que hoy conviven a metros de la contaminación. El expediente ya ingresó a la Cámara de Diputados, donde se espera un rápido tratamiento por el peso de la demanda social.
El eje central del debate legislativo no fue técnico, sino estrictamente social y habitacional. El vertiginoso crecimiento urbano de Joaquín V. González en los últimos años provocó una alarmante realidad: los barrios terminaron por rodear los piletones de la planta depuradora y el basural a cielo abierto [1]. Lo que antes era periferia hoy es el patio trasero de cientos de hogares, exponiendo a niños y adultos a focos crónicos de infección, olores nauseabundos y vectores de enfermedades.
Una victoria política contra el olvido
"Esta expropiación es un acto de justicia para Anta. No podemos permitir que nuestras comunidades sigan pagando el costo de la falta de planificación con su salud", enfatizó la senadora Navarro durante una de las exposiciones más comentadas de la jornada legislativa. Con esta media sanción, el sector político local busca demostrar reflejo ante un reclamo vecinal que venía sumando tensión y malestar en la vía pública.
La regularización legal de las 38 hectáreas (pertenecientes a las fincas Laguna Blanca y Cañas Cortadas) destrabará un cepo burocrático de años. Hasta hoy, el municipio se encontraba atado de manos: sin la titularidad de la tierra, el Estado provincial y los fondos nacionales no podían financiar obras de infraestructura esenciales ni licitar un sistema moderno de disposición final de residuos urbanos. La ley pondrá fin a la acumulación rudimentaria de basura para dar paso a un vertedero municipal controlado, planificando además el traslado progresivo de los sistemas cloacales hacia el norte, lejos de los vecindarios.
La mirada puesta en los Diputados
Logrado el consenso en la Cámara Alta, la presión política se traslada ahora de manera directa a la Cámara de Diputados. Los vecinos de Joaquín V. González ya anticiparon que seguirán de cerca el recorrido parlamentario en la Cámara Baja, exigiendo un tratamiento exprés en las comisiones de Legislación General y Hacienda.
Para que el proyecto se convierta finalmente en Ley Provincial y comiencen a correr los plazos para las obras, Diputados deberá refrendar la sanción del Senado. Posteriormente, el Gobernador de la Provincia tendrá en sus manos la firma del decreto de promulgación y su posterior publicación en el Boletín Oficial. Para la dirigencia de Anta y las familias afectadas, la sanción definitiva no es una opción técnica, sino un compromiso político de cara a las necesidades más urgentes del interior salteño.
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