Hay documentos que, después de una tragedia, vuelven a ser mirados de otra manera.
En el caso que conmueve a Metán, uno de esos documentos es un expediente judicial iniciado en marzo de 2023. Tres años antes de la muerte de Cintia Díaz Orellana, Gastón Fernando Ramírez ya había sido denunciado por hechos de violencia de género y familiar.
La existencia de ese antecedente surge de documentación judicial difundida públicamente y vuelve a poner el foco sobre una pregunta que resulta inevitable:¿qué ocurrió con aquella denuncia y con las medidas que se habían dispuesto?
Según consta en el expediente EXP-940215/23, tramitado en el Distrito Judicial del Sur con asiento en Metán, una mujer denunció a Ramírez y relató distintos episodios de violencia.De acuerdo con la denuncia, uno de los episodios se produjo cuando el bebé comenzó a llorar. La mujer declaró que Ramírez “primero le apretó la cara al pequeño y después le dio una cachetada”. También describió agresiones contra ella, entre ellas un golpe en el ojo, además de situaciones vinculadas con amenazas, celos y control.
A partir de la denuncia, la Justicia dispuso medidas de protección para la mujer y el niño. Entre ellas, Ramírez debía abstenerse de ejercer actos de violencia, no podía acercarse ni mantener contacto con ellos y se ordenaron rondas policiales durante diez días.
Pero dentro de ese mismo expediente aparece un dato que hoy adquiere especial relevancia.
Personal policial concurrió al domicilio informado para notificar al denunciado sobre las medidas judiciales.
No lo encontraron. De acuerdo con la documentación, un vecino manifestó que Ramírez ya no residía allí desde hacía varios meses y que desconocía cuándo podía regresar. Por ese motivo, la notificación no pudo concretarse y la situación quedó asentada en el expediente.
La documentación también contemplaba comunicar lo ocurrido al fiscal penal para analizar las actuaciones correspondientes.
Y ahí aparece el punto que hoy vuelve a generar interrogantes.
Porque no estamos hablando solamente de una denuncia que existió hace tres años. Estamos hablando deuna denuncia en la que se habían dispuesto medidas de protección y de una actuación que no pudo concretarse porque el denunciado no fue encontrado en el domicilio informado.
Tres años más tarde, el nombre de Ramírez volvió a aparecer en un expediente judicial, esta vez como imputado por el femicidio de Cintia Díaz Orellana, ocurrido en Metán.
La joven tenía 20 años y era mamá de un niño. Ramírez permanece detenido y fue imputado por homicidio cuádruplemente agravado por el vínculo, por mediar violencia de género, por alevosía y por ensañamiento.
La investigación continúa y será la Justicia la que deberá determinar su responsabilidad por el crimen.
Por eso hay algo que debemos decir con claridad:no se puede afirmar que una actuación diferente en la causa de 2023 hubiera evitado necesariamente la muerte de Cintia. No existen elementos suficientes para establecer una relación causal de ese tipo. Pero tampoco se puede ignorar el antecedente.
Una denuncia de violencia no debería ser vista como un papel más dentro de un expediente.
Detrás de una denuncia hay una persona que pidió ayuda, una situación que fue puesta en conocimiento del Estado y, muchas veces, una familia que espera que las medidas dispuestas realmente se cumplan.
El caso de Cintia vuelve a poner esa discusión sobre la mesa.
No para sacar conclusiones antes de tiempo ni para reemplazar a la Justicia, sino para mirar qué ocurrió antes de que la tragedia golpeara a otra familia.
Tres años antes hubo una denuncia. Hubo medidas. Hubo una notificación que no pudo concretarse.
Hoy, con Cintia muerta y una investigación por femicidio en marcha, esos documentos vuelven a ser parte de una historia que todavía busca respuestas.
FUENTE . EDS
