Anta es una "zona liberada" para las usurpaciones y las talas ilegales

 Con esta tranquera empezó en 2011 la ocupación ilegal del lote fiscal 65 en el sur de Anta.

Lote 65: 2.000 hectáreas de la Provincia arrasadas 

En la tercera sección de Anta, cerca de Talavera, 2.000 hectáreas del dominio público de los salteños terminaron ocupadas ilegalmente y con su monte completamente arrasado con talas ilegales. 
La historia de este despojo comenzó a escribirse en 2011, poco después del escándalo que se destapó en Tolloche, cuando laderos del poder político de Anta le pusieron alambradas, una tranquera y un candado al lote fiscal 65.
En junio de ese año, pobladores de Talavera denunciaron la usurpación de las tierras de la Provincia ante la Fiscalía de Estado, el Ministerio de Desarrollo Económico, la cartera de Ambiente y el Ministerio Público, pero ningún organismo movió un dedo para impedir la ocupación ilegal. 
En ese momento, mientras tomaban estado público las reventas ilegales de lotes de Tolloche y el gobierno provincial se veía obligado a revocar las adjudicaciones viciadas, tres anteños desplegaron una suerte de “plan B”.
Roberto Montenegro, Ramón Abel Burgos y Horacio David, hermano de Félix David, mecánico de la Municipalidad de El Quebrachal y uno de los supuestos testaferros procesados en la causa de Tolloche- ocuparon el lote fiscal 65 y se lo dividían por sectores para explotar sus recursos forestales al margen de la ley.
De esos montes poco queda hoy, pero las 2.000 hectáreas de la Provincia siguen siendo sometidas a explotación ganadera sin que organismo alguno moviera un pelo en casi una década.

En Ico Pozo, otro paraje del sur de Anta, en enero de 2011 una banda de forajidos incendió la vivienda que habitaba doña Francisca, una anciana de 72 años, en un desalojo resuelto al modo del Lejano Oeste. La banda dinamitó el pozo de agua y le prendió fuego hasta a la silla de ruedas de la anciana, que terminó exiliada en Gaona. Según la denuncia, que tampoco movió una investigación seria en el Distrito Judicial del Sur, fue un empresario de Buenos Aires quien llevó hasta el puesto de doña Francisca a los incendiarios y presenció todo el operativo junto a Luciano Saravia, también denunciado en esa causa que terminó dormida.
Anta sorprende con sus personajes del Far West hasta en la Justicia. En agosto se armó un gran revuelo social y político en el departamento por la imputación penal y los sumarios abiertos contra el auxiliar fiscal de Apolinario Saravia, Sergio Ariel Dantur. El funcionario, acusado de mal desempeño, se mostró en septiembre de 2019 ante el procurador general, Abel Cornejo, con un Colt. El jefe de fiscales tuvo que pedirle que guarde el arma que portaba, tras recordarle su condición y responsabilidad como funcionario judicial. Dantur también recibió un mar de críticas en las redes y los medios por el nickname que eligió para su WhatsApp: “Aurelio Casillas”, en alusión al protagonista de la serie narco “El señor de los cielos”.

Policías, con los brazos atados 

El Departamento de Policía Rural y Ambiental con sede en Joaquín V. González está en conocimiento de las usurpaciones y las explotaciones clandestinas que se realizan en medio de la pandemia en el sudeste de la provincia, pero su personal no puede actuar sin órdenes de allanamiento que deben ser solicitadas por la Fiscalía competente ante el juez de Garantías de Anta.
“La Fiscalía no está trabajando”, aclaró una fuente interna de esa unidad policial, tras poner en claro que “se trata de una zona complicada donde hace poco hubo un enfrentamiento que terminó con un cuatrero herido y varios policías detenidos”.
La fuente resumió la situación: “No podemos hacer nada sin una orden judicial, porque es de esperar que los depredadores estén armados y pueden haber enfrentamientos”. El abigeato, en el actual estado de cosas, también tiene “zona liberada” en Anta.