El Estado mexicano recuperó 5.8 millones de dólares vinculados con el esquema de corrupción relacionado con el exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna y la familia Weinberg, luego de una sentencia favorable obtenida en un tribunal de Florida, informó este viernes Omar Reyes Colmenares, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, Reyes Colmenares explicó que el pasado 19 de mayo se dictó una sentencia a favor del Estado mexicano contra integrantes de la familia Weinberg por su participación en un esquema de contrataciones públicas relacionado con García Luna.
El funcionario detalló que el 25 de agosto el gobierno mexicano recibió 5 millones 805 mil 693 dólares, provenientes de la recuperación de una póliza de fianza y de la liquidación de 12 sociedades ubicadas en Florida, Estados Unidos, vinculadas con la familia Weinberg.
Omar Reyes Colmenares, actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Foto: Gobierno CDMX
La presidenta Sheinbaum informó por su parte que el gobierno busca destinar los recursos recuperados a proyectos educativos en zonas de alta necesidad, particularmente en la Montaña de Guerrero.
"Hasta ahora se ha podido recuperar 5.8 millones de dólares. Nuestro objetivo es que este recurso sea dedicado a escuelas en la Montaña de Guerrero", afirmó.
La recuperación anunciada este viernes se suma a los 500 mil dólares que la UIF había recuperado y que la presidenta Claudia Sheinbaum informó el pasado 4 de agosto. En aquella ocasión, la mandataria adelantó que el dinero sería destinado a un fin específico, aunque no dio detalles.
Con la recuperación informada este viernes, el monto obtenido directamente a partir de estos procesos asciende a aproximadamente 6.3 millones de dólares.
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De acuerdo con la información presentada por la UIF, entre 2008 y 2018 se identificó un esquema relacionado con el desvío de recursos públicos y operaciones con recursos de procedencia ilícita a partir de contratos celebrados entre el entonces Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social y empresas vinculadas por más de 403 millones de dólares.
La investigación financiera permitió identificar la participación de servidores públicos y particulares, así como el uso de empresas fachada y la presunta simulación de la prestación de servicios.
Reyes Colmenares explicó que, a partir del análisis de los movimientos financieros, la UIF presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República en diciembre de 2019 y posteriormente promovió una demanda civil en Florida para recuperar los recursos.
En 2026, un tribunal de Florida dictó una sentencia definitiva relacionada con la familia Weinberg por aproximadamente 578.5 millones de dólares.
Foto: Cuartoscuro
La resolución se suma a otras sentencias obtenidas previamente contra García Luna y su esposa, dictadas en 2025, por un monto de 2 mil 448 millones de dólares. De acuerdo con la información proporcionada por Hacienda el 4 de agosto, con estas resoluciones el monto total de las condenas obtenidas a favor del Estado mexicano por este esquema supera los 3 mil 067 millones de dólares.
La cifra corresponde a las condenas y no al dinero que el gobierno mexicano ha recuperado hasta ahora.
La UIF señaló que el análisis de los flujos financieros permitió reconstruir la ruta utilizada para desviar, triangular y dispersar los recursos. Entre 2015 y 2017, García Luna fondeó un conglomerado de empresas con más de 305 millones de pesos y 27.8 millones de dólares.
Según la investigación presentada durante la conferencia, la familia Weinberg tuvo un papel dentro de la estructura corporativa vinculada con García Luna. El entramado se relacionó con empresas fachada que obtuvieron 30 contratos gubernamentales con sobreprecios.
La UIF sostuvo que el mecanismo permitía disimular pagos ilícitos como operaciones comerciales, simular la materialidad de los contratos y aumentar el volumen de recursos públicos que podían extraerse y posteriormente dispersarse mediante operaciones entre sociedades y cuentas relacionadas con García Luna.
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Parte de los recursos era enviada a través de Barbados hacia otras jurisdicciones, entre ellas Miami, Florida, mediante operaciones entre sociedades y cuentas vinculadas con el exfuncionario.
En conjunto, el esquema identificado por la UIF representa aproximadamente 528 millones de pesos y 727.9 millones de dólares en recursos desviados.
En 2019 se informó que García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública entre 2006 y 2012, mantenía una relación estrecha con la familia propietaria de Icit, una empresa dedicada a la venta de equipos y tecnología de seguridad israelí en Latinoamérica.
Según aquella información, durante su gestión García Luna proporcionó a Icit información confidencial del gobierno mexicano a través de la Secretaría de Seguridad Pública, sin que existiera un contrato para ese intercambio. La empresa, a su vez, compartía reportes con clientes como bancos y empresarios.
Genaro García Luna fue condenado en EU en octubre de 2024. Foto: Cuartoscuro
La relación salió a la luz a partir de una multa de tránsito que García Luna recibió en Miami en noviembre de 2015. En el documento proporcionó como domicilio una mansión ubicada en Golden Beach, Florida, valuada entonces en 3.3 millones de dólares y propiedad de la familia Weinberg.
García Luna vivió en ese inmueble desde febrero de 2013 y posteriormente, junto con su esposa, ocupó otras propiedades de la misma familia entre 2016 y 2018.
Icit también fue favorecida durante la gestión de García Luna con un contrato celebrado en 2008 para la adquisición del programa de seguridad israelí NiceTrack, utilizado para rastrear información, interceptar comunicaciones y conocer la ubicación física de usuarios.
En marzo de 2019, Alexis Weinberg reconoció la cercanía de su familia con García Luna y señaló que su padre había conocido al exsecretario desde la década de 1980, cuando éste comenzaba su carrera policial en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
Weinberg reconoció que García Luna había rentado legalmente algunas propiedades de la familia después de concluir su periodo como funcionario, pero negó que existiera una sociedad con él para obtener contratos o beneficios.
Sin embargo, extrabajadores de Icit y servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública señalaron que la dependencia proporcionaba información a la empresa debido a la relación de García Luna con los Weinberg.
La Secretaría también entregaba a Icit información pública sobre detenciones de narcotraficantes, incluso antes de que esos hechos fueran reportados por medios de comunicación. José Antonio Polo, quien fue coordinador de asesores de García Luna, reconoció esa situación en una entrevista, aunque no proporcionó mayores detalles.
La información también señaló que las oficinas de Icit se encontraban en un edificio residencial de Polanco, en Ciudad de México, y que el intercambio de información entre la Secretaría de Seguridad Pública y la empresa se produjo principalmente en 2012. Ese año, al menos 10 empleados de Icit ingresaron como servidores públicos a distintas oficinas de la dependencia.
Reyes Colmenares informó que la recuperación de los 5.8 millones de dólares no representa el cierre de las acciones para localizar activos relacionados con la familia Weinberg.
El titular de la UIF señaló que la dependencia mantiene coordinación con otras instituciones del Estado mexicano para identificar propiedades y cuentas que pudieran estar relacionadas con la familia en distintas partes del mundo.
"Efectivamente, como comentó la señora presidenta, nosotros continuamos un trabajo continuo con las demás dependencias del Estado mexicano, con el fin de identificar más propiedades o cuentas de la familia Weinberg, que pudieran estar en cualquier parte del mundo", explicó.
Añadió que la UIF ya tiene identificados algunos activos cuya situación continúa en proceso y que serán dados a conocer cuando puedan ser vendidos.
La presidenta Sheinbaum explicó que la investigación presentada por la UIF corresponde a actividades realizadas por García Luna después de que dejó la Secretaría de Seguridad Pública y que debe diferenciarse del proceso penal por el que cumple una sentencia en Estados Unidos.
García Luna fue secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, de 2006 a 2012. Actualmente se encuentra preso en Estados Unidos por su relación con organizaciones delictivas y señaló que la investigación estadounidense no incorporó las actividades que realizó después de dejar el cargo.
"Lo que presenta en este momento la UIF son actividades ilícitas de Genaro García Luna posterior a que fue secretario de Seguridad Pública", señaló la presidenta.
Explicó que el proceso abordado por la UIF se refiere a las operaciones realizadas posteriormente mediante empresas relacionadas con equipos y servicios de seguridad, a través de contratos que, según la investigación, involucraron pagos por servicios o equipos que no fueron entregados o que fueron adquiridos a precios superiores a su valor.
Sheinbaum sostuvo que la estimación de 528 millones de pesos y 727 millones de dólares corresponde al tamaño del fraude identificado en el conjunto de operaciones y contratos entre 2012 y 2018, y no significa que exista actualmente esa cantidad concentrada en una sola cuenta.