La información surge de un informedifundido por Gendarmería Nacional, fuerza que interviene en la causa por disposición de la Unidad Fiscal Federal de Salta y del Juzgado Federal de Garantías.
Según la hipótesis de los investigadores, la organización habría operado mediante una estructura integrada por punteros políticos, profesionales de la salud y agentes vinculados a la administración pública, con el objetivo de gestionar pensiones por invalidez para personas que no reunían las condiciones médicas exigidas por la normativa vigente.
La causa ya había derivado en nueve imputaciones por presunta asociación ilícita, defraudación a la administración pública, cohecho e incumplimiento de los deberes de funcionario público, luego de una primera serie de allanamientos realizados en septiembre de 2025.
PH: Gendarmería NacionalPH: Gendarmería NacionalSin embargo, el análisis de la documentación secuestrada y de los soportes informáticos permitió a los investigadores profundizar la pesquisa y avanzar sobre nuevos nombres que habrían tenido participación en el circuito de aprobación de los beneficios cuestionados.
De acuerdo con la información oficial, entre los posibles nuevos imputados aparecen tres médicos y funcionarios que habrían cumplido roles clave dentro del esquema investigado.
Los allanamientos realizados esta semana permitieron incorporar nuevos elementos probatorios que ahora son evaluados por la Justicia Federal. Los fiscales buscan determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados y establecer cómo se articulaba la presunta maniobra para otorgar beneficios previsionales de manera irregular.
Si las pruebas son consideradas suficientes, la causa podría ingresar en una nueva etapa con una ampliación significativa de la cantidad de acusados, profundizando una investigación que ya es considerada una de las más importantes de los últimos años en el sur provincial.
