La Cámara de Diputados aprobó una reforma clave impulsada por la senadora Alejandra Navarro. La medida busca que la responsabilidad del acoso escolar no recaiga solo en las escuelas, castigando la inacción de tutores y responsables legales tras ser notificados

La normativa establece sanciones directas para padres, tutores o responsables legales que, una vez notificados por las instituciones educativas sobre situaciones de acoso protagonizadas por sus hijos, no tomen medidas ni intervengan para frenar la violencia. Con esta media sanción, el proyecto queda a un solo paso de convertirse en ley provincial.

De Anta para toda la provincia

Lo que comenzó como una preocupación en el departamento de Anta, bajo el impulso de la senadora Alejandra Navarro, terminó transformándose en una política de Estado con alcance general. El tratamiento legislativo no solo fue técnico, sino cargado de simbolismo político: una iniciativa nacida en el interior profundo logró marcar la agenda de toda Salta.

Durante el debate en el recinto, el reconocimiento hacia Navarro fue unánime. Diputados de diversos bloques coincidieron en destacar la capacidad de la senadora para canalizar un reclamo social creciente —la angustia de cientos de familias ante el acoso escolar— y transformarlo en una herramienta jurídica concreta y punible.
Un cambio de paradigma

Hasta ahora, las instituciones escolares cargaban con la mayor parte de la responsabilidad administrativa en casos de bullying. Con esta reforma, el foco se extiende al entorno familiar. "No se trata de castigar por castigar, sino de involucrar a quienes tienen el deber primario de educar", señalaron fuentes legislativas durante la sesión.

El consenso alcanzado en Diputados deja una señal clara: el bullying ya no será tratado solo como un "problema de chicos", sino como una problemática que exige el compromiso activo y legal de los adultos a cargo..