La visita fue encabezada por la comisionada Cristina Cobos y el comisionado Andrés Giordamachi, junto a Fernando Pequeño Ragone, de la Asociación Miguel Ragone e integrante de la Mesa de Derechos Humanos. El monitoreo incluyó recorridas por el lugar de detención, registro fotográfico, recolección de datos y entrevistas con personas privadas de libertad.
Desde el Comité señalaron que el sector de alojamiento presenta condiciones “sumamente precarias e insalubres”, y advirtieron que no reúne requisitos mínimos para alojar detenidos. Durante la inspección había alrededor de 20 personas detenidas, mientras que el día del fallecimiento la cifra habría superado las 30.
El organismo remarcó la necesidad de una investigación “objetiva, completa y con perspectiva de derechos humanos”, y sostuvo que el hecho podría haberse evitado. “El desenlace fue producto de un conjunto de malas decisiones”, expresaron, al tiempo que plantearon que la fiscalía deberá determinar si existen otras responsabilidades además de las ya imputadas.
Actualmente hay siete personas imputadas por homicidio doblemente calificado, quienes fueron trasladadas a otras dependencias: cinco a la Alcaidía General de Salta y dos a Metán, según informaron familiares.
El CPT reiteró que las comisarías no son espacios adecuados para detenciones prolongadas y recordó que en 2024 presentó un Habeas Corpus Colectivo Correctivo ante la Corte de Justicia de Salta por la situación de hacinamiento en dependencias policiales.
