La investigación por capacitaciones irregulares que involucra a más de 800 docentes de la provincia de Salta sumó en las últimas horas un fuerte planteo por parte de la defensa legal de los educadores, que sostiene que no existió una maniobra fraudulenta por parte de los docentes, sino que fueron víctimas de una estafa.
Según publicó Diario InfoSalta, el abogado Emilio Ruiz, quien representa a los educadores junto a la abogada Nilda Ferreira, afirmó que “no es que los docentes estafaron a la Junta Calificadora, sino que ellos fueron estafados y hoy están siendo sancionados”, al referirse a la situación que atraviesan cientos de trabajadores del sistema educativo provincial.
El conflicto se originó luego de que el Ministerio de Educación presentara una denuncia tras detectar irregularidades durante el período de tachas, instancia en la que se revisan antecedentes y legajos docentes. A partir de allí, se advirtió la presentación de certificados de postítulos que no contaban con el reconocimiento del Ministerio ni con avales formales de la Junta Calificadora de Méritos y Disciplina.
De acuerdo a la defensa, los docentes cursaron y abonaron las capacitaciones ofrecidas como legítimas, presentaron los certificados bajo el principio de buena fe y, en muchos casos, estos fueron aceptados y computados en una primera instancia, lo que reforzó la presunción de legalidad. “Si el sistema los validó inicialmente, no puede ahora responsabilizar a quienes confiaron en ese proceso”, señalaron.
La causa tomó mayor dimensión a comienzos de noviembre, cuando la Justicia provincial comenzó a investigar la presunta utilización de certificados apócrifos para acceder a cargos docentes. La investigación quedó en manos de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), que el 18 de diciembre requirió documentación en la Secretaría de Gestión Educativa del Ministerio de Educación y Cultura.
En paralelo al avance judicial, la Junta Calificadora dispuso sanciones administrativas, entre ellas el bloqueo de legajos por dos años en los casos observados, lo que impide participar en concursos, ascensos, titularizaciones o nuevas designaciones para el ciclo lectivo 2026. Desde la defensa advirtieron que estas medidas ya están afectando a docentes aspirantes y podrían dejarlos fuera del sistema de designaciones.
Ruiz también remarcó que la investigación no debería derivar en sanciones automáticas sin respetar el derecho al descargo y el debido proceso, y confirmó que los docentes damnificados iniciaron denuncias penales por estafa contra quienes ofrecían las capacitaciones, aportando comprobantes de pago y documentación respaldatoria.
Desde el Ministerio de Educación aclararon que la investigación no cuestiona los títulos habilitantes de base, sino los postítulos que otorgan puntaje adicional, y pidieron evitar la estigmatización del conjunto del sector docente.
La causa continúa en etapa de instrucción y bajo reserva, mientras la Justicia deberá determinar si existió una maniobra sistemática para defraudar al Estado o una red que simuló validez académica y terminó perjudicando a cientos de docentes.
