Tres concejales de Joaquín V. González quedaron bajo la lupa según un proyecto que pide crear una Comisión Investigadora a los efectos de analizar el comportamiento, accionar y hechos que los involucra en el uso de fondos públicos para fines personales. La iniciativa será tratada esta noche y se descuenta que será aprobada, visto el compromiso con la transparencia que acuñó la institución desde un comienzo.
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Se trata de los concejales Ana Silvia Sarmiento, Macarena Navarro y Néstor Sebastián Pérez, quienes habrían utilizado recursos de la partida correspondiente a Gastos Operativos del Concejo Deliberante, para realizar una cancelación oficial de honorarios al abogado, Tomás Flores, profesional que patrocinó a los ediles, a título personal, en una acción de amparo sin la debida aprobación del cuerpo. La información surge de la Declaración Jurada de aplicación de este fondo (periodo 05/2022) de fecha 20 de octubre de 2022.
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En dicha declaración en su anexo de detalle por gastos operativos periodo 05/2022, aparece el N.º de Orden 005, que informa concepto pago de honorarios al titular del Estudio Jurídico “Flores y Asociados Abogados”.
Comisión Investigadora
Atento a la situación, las concejalas Cintia Cajal y Nora Maldonado, ingresaron un proyecto de Resolusión para crear una Comisión Investigadora, que será tratado en la sesión de este martes en el Concejo Deliberante de Joaquín V. González. «Tal información ha propiciado una situación preocupante atento a que se habría afrontado gastos profesionales a título personal con fondos del erario público«, indica el texto del proyecto..
A los fines de deslindar las responsabilidades institucionales, políticas y judiciales que pudiesen corresponder, los concejales deberán aprobar la creación de la Comisión Investigadora para analizar además, el comportamiento, accionar y los hechos que los involucra.
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Dicho órgano que llevará adelante la investigación tendrá amplias facultades, tales como requerir informes por escrito, citar en su seno a prestar declaración a los distintos funcionarios y empleados públicos, de planta permanente, planta política, contratada y dependiente de planes nacionales y/o provinciales y/o municipales, como así también de otros poderes provinciales, ya sea ejecutivo, legislativo y judicial a los efectos de muñirse de toda documentación necesaria. Como así también a particulares, personas físicas o representantes de personas jurídicas involucradas en los acontecimientos citados.
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Según el proyecto que se descuenta será aprobado en sesión a fin de despejar dudas, indica además que la Comisión deberá expedirse en el plazo de 30 días a partir de su nombramiento mediante un informe que deberá elevar al pleno del Cuerpo de Concejales pudiéndose prorrogar dicho plazo hasta un termino igual, si existiera motivos valederos que lo justifiquen debiendo para ello, solicitar la aprobación del Cuerpo por simple mayoría.
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Fuente: Expresión del Sur
