Nadie se atrevía a pronosticarlo pero al parecer la presión mediática obligó a Inversora Juramento a ensayar un gesto de transparencia alrededor de su sistema productivo (engorde bovino a corral) el cual genera fuertes olores y es sospechado de producir daños en la salud de las personas que viven en las cercanías.
Ratifican el amparo
Antes del inicio de la feria y luego de que colocáramos el foco sobre el gigante emprendimiento ganadero, la Corte confirmó el amparo ambiental que la fiscalía impulsó contra el municipio por la falta de información respecto a Inversora Juramento.
El recurso de amparo había sido planteado ante la falta de información del estudio de impacto ambiental presentado por la empresa agrícola-ganadera Inversora Juramento S.A. al municipio. El amparo, escrito por la sobrina de Sandez exauxiliar de la fiscalía, fue interpuesto por Gonzalo Gómez Amado, hijo del senador del PJ Ernesto Gómez, y fue promovido por la jueza Patricia Rahmer, pero la Municipalidad apeló. Recientemente la Corte de Justicia rechazó esa apelación y confirmó el accionar de la fiscalía.
Dichos pedidos de informes de la fiscalía, dirigidos al intendente de esa ciudad, Juan Domingo Aguirre, ingresaron al municipio en fecha 8 de diciembre de 2013, y ante su omisión, el 22 de enero de 2014 se reiteraron. El 3 de febrero de 2014, el municipio a través de la Coordinadora Ejecutiva de Ingresos Públicos, contadora Sandra Páez, respondió los pedidos pero sin precisar la información requerida, sobre todo respecto a la información y participación social exigida por la ley. Se dijo que tal certificación ambiental había sido presentada, pero fue observada por la municipalidad, sin dar detalles de los puntos cuestionados.
Esta situación, pese a la insistencia ejercida desde la fiscalía, se extendió por todo el año 2014, hecho que llevó al fiscal a plantear al año siguiente un recurso de amparo ante el Juzgado de Primera Instancia con competencia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Personas y Familia de Joaquín V. González, a cargo de la jueza Patricia Rahmer.
A modo de no comerse el amague es menester destacar que llama la atención que el amparo haya sido interpuesto contra el municipio del sur y no hacia la empresa de Brito, sospechada de contaminar.
La jueza y la empresa
En consulta con la Jueza Patricia Rahmer, explicó que hace un mes aproximadamente la empresa se presentó como tercero involucrado con los documentos del Estudio de Impacto Ambiental y Social. Con el fallo de la Corte de Justicia de Salta, el expediente volverá al juzgado de primera instancia y se deberá adjuntar esa documentación para que sea analizada por la Fiscalía.
Los responsables de la empresa Inversora Juramento S. A., el gerente general Claudio Cerezo y el apoderado Francisco Müller, al ser consultados manifestaron que presentaron el Estudio de Impacto Ambiental en el municipio, la Secretaría de Medio Ambiente y la justicia. Señalaron que había una negativa de la municipalidad para entregar la información a la fiscalía y al Concejo Deliberante. Esto último es una cuestión que tendría además de fondo una disputa que excede a sus controles.
“La ley 7070 —rige desde 1999— no exigía a las empresas que ya estuviesen operando que presentasen informe de impacto ambiental. Debían ser interpeladas por la autoridad de aplicación para hacerlo. Independientemente de esto, la empresa preparó el informe de Impacto ambiental, lo tenemos listo y presentado a la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia que era en ese momento la autoridad de aplicación”. Desde la ley 7070 la autoridad de aplicación pasaría a los municipios que se presentasen como tal “si el municipio renuncia queda en la provincia… Cuando el municipio pidió el estudio de impacto ambiental instado por la fiscalía en 2012 o 2013, lo presentamos”, dijo Müller.
FUENTE: CUARTO PODER
