De las actuaciones se pudo saber que existían irregularidades en torno al uso y destino de dos viviendas del estado, que tenían el fin de alojar a médicos que de otras localidades que trabajaban en el hospital de ese municipio.
Las casas fueron construidas con fondos nacionales y que posteriormente quedaron en manos de la provincia.
En el 2013, las casas fueron registradas a nombre de un particular, quien a su vez vendió los inmuebles, produciéndose una cadena de ventas hasta que quedaron en manos del intendente Fermani y la médica Estelina Aguirre.
En vista de ello, las actuaciones fueron giradas a la fiscalía de Joaquín V. González, la que llevó adelante la investigación, la cual consistió en reunir toda la documentación del caso, entre ellas los decretos de entrega de los fondos a la Municipalidad de Las Lajitas para la construcción de los inmuebles hasta los numerosos comodatos que se firmaron cada vez que la vivienda era utilizada por distintos profesionales.
Con las pruebas todos fueron citados a una audiencia de imputación a la que solamente se presentó uno de los sospechosos, Eduardo Paiva, quien no declaró. El resto presentó certificados médicos y pidieron que se reprogramen las citas.
