El diputado Gerardo Orellana rompió el silencio tras su imputación

El diputado provincial por el departamento de Anta, Francisco Gerardo Orellana, habló públicamente por primera vez luego de quedar formalmente imputado en una investigación penal de la Justicia Federal. La causa indaga una presunta red delictiva dedicada a la tramitación ilegal de pensiones no contributivas por invalidez laboral en las localidades de Joaquín V. González y El Quebrachal. 

A través de un video difundido en sus canales oficiales, el legislador y médico cirujano aseguró haber recibido la notificación judicial "con total tranquilidad". En su mensaje, Orellana ratificó de forma contundente que no renunciará a su banca en la Legislatura provincial ni solicitará licencia mientras dure el proceso.
"Tengo la conciencia limpia"
Durante su descargo, el legislador salteño enfatizó su arraigo local y su trayectoria profesional como principales argumentos de defensa.

• Trayectoria médica: Destacó ejercer la medicina desde hace 34 años en la región sin registrar antecedentes penales ni sanciones previas.
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• Colaboración judicial: Sostuvo haberse presentado ante las autoridades federales de inmediato al ser requerido.
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• Próximos pasos: Indicó que su equipo de abogados ya analiza las fojas del expediente para estructurar un descargo formal e impugnar los cargos.

"Me siento dolido y ofendido, pero voy a afrontar esto con la calma de quien sabe que siempre obró bien", manifestó el dirigente ante la opinión pública.
Una defraudación de miles de millones
La investigación, coordinada por el fiscal general Carlos Martín Amad, busca desarticular una organización delictiva que operaba en el sur de la provincia. La hipótesis fiscal señala que la red adulteraba historias clínicas, estudios médicos y certificados oficiales para otorgar pensiones por discapacidad a ciudadanos sanos.
El Ministerio Público Fiscal imputó formalmente a 15 personas, un grupo que incluye a Orellana, otros profesionales de la salud, exgerentes de hospitales públicos y empleados municipales de la zona.
Según el expediente, los falsos beneficiarios pagaban sumas que oscilaban entre los $20.000 y $1.000.000 para acceder al cobro de la ANSES. Además del rédito económico, la fiscalía sospecha que la maniobra incluía una contraprestación política mediante la captura de votos en periodos de campaña electoral.
El perjuicio fiscal estimado por las autoridades judiciales asciende a $3.280 millones de pesos mensuales para las arcas del Estado Nacional. Al diputado Orellana se lo investiga bajo las figuras penales de fraude a la administración pública, falsificación ideológica de instrumento público, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita.